La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha aprobado definitivamente la modificación de los Estatutos de esta Entidad, relativa a la constitución de las Asambleas, delegación de asistencia a terceros, desarrollo de las sesiones y a la elección de miembros del Consejo Rector (artículo 14), tal y como aprobó la Asamblea General en el año 2016.
Esta misma Asamblea fue objeto de impugnación por el Sr. Caballero, en su propio nombre y como presidente de Asdenuvi, siendo desestimada por la Comunidad de Madrid, si bien en sentencia posterior ha obtenido un resultado parcialmente favorable, pues “inadmite la demanda interpuesta por Asdenuvi”, por entender que no está legitimada para reclamar, así como la solicitud de aplicación de la Ley Electoral y otros temas que demandaban. Este hecho ha sido mal comunicado por cierto medio digital, que entendemos que no cuenta con la información adecuada, pero tampoco han acudido a la fuente para contrastarla.
Es cierto que dicha sentencia, que aún no es firme, dispone que deba de figurar en las actas la relación de asistentes y representados, lo cual es contrario a los Estatutos de la Entidad, además de a la Ley de Protección de Datos, y de hecho son muchos los propietarios, sociedades, etc., que han solicitado mantener el sistema actual, por entender que el propuesto en la sentencia, vulneraría la confidencialidad de sus actos, en cuanto a participar o no en las Asambleas. Por todo ello, se ha procedido a presentar el oportuno recurso de apelación.
En cuanto a la Asamblea celebrada en el año 2017, igualmente, el mencionado Sr. Caballero, al cual también le desestimó su recurso la Comunidad de Madrid, ha presentado reclamación judicial solicitando la anulación de una Asamblea en la que se consiguió zanjar el problema histórico del agua, con la aprobación de la renovación de la red, acuerdo que obtuvo el apoyo de la Comunidad de Madrid y ambos Consistorios, así como un respaldo casi unánime por parte de los propietarios participantes.
No alcanzamos a entender las pretensiones del demandante, que cuando se consigue unificar criterios para el desarrollo de esta urbanización, pretende la anulación de los mismos. Sólo desde el rencor personal del mismo u objetivos políticos ante las inminentes elecciones municipales podemos encontrarle alguna explicación a esta forma de proceder.